En este post les resumimos la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la valoración de los tipos de interés aplicables en operaciones vinculads financieras, en concreto los préstamos entre partes vinculadas. Además, les ofrecemos nuestra opinión al respecto.

SENTENCIA PANASONIC

Con fecha 4 de octubre de 2010, el Tribunal Supremo emitió sentencia sobre el Recurso de Casación promovido por la entidad MATSUSHITA ELECTRIC ESPAÑA S.A., (anteriormente denominada Panasonic España S.A.), con posterioridad a los respectivos fallos desestimatorios del recurso contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, de la Reclamación económico administrativa del TEAC y de la disconformidad de las actas de la Oficina Nacional de Inspección, que había interpuesto la entidad anteriormente, por la valoración realizada por las Administraciones en el marco de una operación de préstamo realizada entre partes vinculadas.

El principio básico para la valoración de las operaciones entre sociedades vinculadas, de acuerdo con la normativa española, es la de su determinación conforme a los precios que hubieran acordado partes independientes en condiciones normales de mercado, en situaciones similares o comparables. En este sentido, el criterio mantenido por la Jurisprudencia habla de la necesaria reunión de las siguientes premisas para la fijación de un precio de mercado:

1.- Hay que tomar como referencia el mismo mercado en términos geográficos.

2.- Las operaciones que se comparan han de referirse a productos o servicios iguales o similares.

3.- Las transacciones comparadas deben tener un volumen equivalente.

4.- El tramo en el que se realicen las operaciones comparadas ha de ser el mismo.

5.- Por último, las operaciones comparadas han de realizarse en el mismo periodo de tiempo.

 Descripción de la operación

La operación consistió en la concesión de un préstamo en 1991 de Panasonic España, S.A. a la entidad Panasonic Sales Spain, S.A. que fue cancelado en 1995. La vinculación de las sociedades atendía a la participación en el capital social de ambas entidades en un 94,95% y un 100% respectivamente, por parte de la entidad MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD.

 Panasonic España, S.A., registraba en su contabilidad el saldo en cada periodo del citado préstamo, así como los intereses devengados, que se determinaban aplicando como tipo de interés, el interés legal del dinero (el 10% en los años 1992 y 1993 y el 9% en los sucesivos de 1994 y 1995).

Argumentación de la Administración Tributaria y la Audiencia Nacional

La Inspección consideró que el tipo de interés legal del dinero aplicado en la operación vinculada vulneraba el principio de valoración a mercado (principio de plena competencia) establecido en el art. 16.3 de LIS  por no “constituir un tipo de interés que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes”.

Sin embargo, según la Inspección, sí cumplía dicho principio de plena competencia el promedio anual del “tipo preferencial” que aplican los bancos en las operaciones activas con sus mejores clientes fijado por el Banco de España (el 13,46% en el periodo 1-4-92 a 31-3-93, el 12,81% en el periodo 1-4-93 a 31-3-94 y el 10,11% en el periodo 1-4-94 a 31-3-95), por considerar que entre sociedades vinculadas los riesgos que se asumen en la concesión de préstamos entre ellas son muy similares, resultando comparables ambas operaciones.

Atendiendo a lo anterior, tanto la Administración Tributaria como la Audiencia Nacional, consideraron en sus dictámenes  que la valoración del tipo de interés legal del dinero aplicado en la operación analizada no cumplía con la valoración a mercado impuesta por el artículo 16.3 de la LIS, ajustando el resultado contable por la diferencia resultante de utilizar el tipo de interés al preferencial aplicado por las entidades financieras con sus mejores clientes que publica el Banco de España.

 Argumentación de la recurrente (Grupo Panasonic)

La recurrente (Panasonic España, S.A.) basó su recurso en analizar la valoración propia y, posteriormente, demostrar que no vulneraba lo establecido en el artículo 16.3 de la LIS referente a la valoración a mercado de las operaciones vinculadas. Para ello realizó

 dos argumentaciones principales, que son las siguientes:

1º El tipo de interés aplicado por las entidades del Grupo Panasonic en la operación vinculada no vulneraba el artículo 16.3 de la LIS. 

2º El tramo de las operaciones comparadas realizado por la Inspección no es el mismo, por lo que la valoración realizada por ésta, no se ajusta a lo establecido en dicho artículo 16.3 de la LIS sobre el valor de mercado.

En la primera argumentación, se hace referencia a la disposición transitoria quinta del R.D. 2027/1985 dónde establece el tipo de interés legal del dinero como rendimiento mínimo de determinadas operaciones de utilización de capitales ajenos entre las que se incluyen las operaciones vinculadas, a los efectos de practicar la retención como mecanismo de información y control.

Concluye por tanto, exponiendo que el tipo de interés legal del dinero no vulneraba el artículo 16.3 de la LIS, ya que está recogido en la normativa fiscal como rendimiento mínimo en materia de intereses a los efectos del cálculo de retenciones e ingresos a cuenta, mientras que nada se dice de los tipos fijados por el Banco de España que aplica la Inspección.

En cuanto a la segunda argumentación, la recurrente hace especial énfasis en que la comparación de las operaciones se ha realizado en tramos distintos y por lo que ambas operaciones no son comparables. Para ello, utilizó una doble explicación:

  1. Desde el punto de vista de la actividad de las partes, el tipo de interés preferencial aplicado por entidades financieras en el objeto de sus actividades normales de intermediación financiera no es comparable, a los efectos de determinar el valor de mercado, con el tipo de interés pactado entre dos sociedades cuya actividad principal es no financiera, insistiendo en que la operación consiste en la cesión de un excedente de tesorería a un tercero de forma puntual. De esta forma no puede aceptarse la justificación de la elección de los tipos de interés aplicados por las entidades de crédito en sus operaciones activas en lugar de las aplicadas en sus operaciones pasivas.
  2. Al mismo tiempo, en un intento de distinguir ambas operaciones y quebrantar el razonamiento de la comparabilidad establecido por la Inspección, hace una distinción en los riesgos derivados de cada una de ellas, en lo referente al riesgo de impago. Señala que este riesgo es un componente importante a tener en cuenta para el cálculo del tipo de interés aplicado por una entidad financiera, mientras que entre entidades vinculadas el riesgo de impago es inexistente por la misma naturaleza del concepto. Para dar fuerza a su argumentación, menciona que la normativa fiscal lo reconoce implícitamente al no permitir la deducibilidad fiscal de las provisiones por insolvencias en operaciones vinculadas.

Por tanto, el componente de riesgo no existía en el marco de la operación vinculada y, en consecuencia, habría que descontarlo al determinar el tipo de interés, al contrario que en los aplicados por las entidades financieras. 

Acaba la segunda argumentación concluyendo que el promedio anual del tipo de interés preferencial que las entidades financieras aplican a sus mejores clientes no reflejaría el tipo que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes, vulnerando el artículo 16 de la LIS.

Conclusión del Tribunal Supremo

Argumenta el Tribunal Supremo que, por cuanto, ni la Administración Tributaria, ni la Audiencia Nacional, ni las partes que intervienen en la operación, ponen en duda que están ante una operación vinculada, ha de aplicarse lo establecido en el artículo 16.3 de la LIS, valorando las operaciones vinculadas “de conformidad con los precios que serían acordados en condiciones normales de mercado entre partes independientes”. Menciona además que en ningún momento se hace referencia a un rendimiento mínimo. Como consecuencia de ello, cualquier interés que difiera del de mercado llevará implícito un ajuste al resultado contable.

Dice que los tipos de interés justificados por la Inspección “ofrecen plenas condiciones de normalidad como interés de mercado” y cumple con los requisitos establecidos por el artículo 169.1 b) y c) del RIS que indica como métodos aplicables en la valoración de operaciones entre partes vinculadas, los “precios aplicados en operaciones similares en la misma época o aproximada, teniendo en cuenta la relación comercial entre empresas o personas no vinculadas” y los “precios, tarifas o condiciones autorizadas administrativamente, publicadas en algún Boletín Oficial o dados a conocer a través de un medio de difusión”.

Respecto al diferente tramo de las operaciones comparadas, la tesis planteada por el Grupo Panasonic se rechaza puesto que el tipo de interés aplicado en una operación de préstamos concedido por una entidad no financiera a otra independiente normalmente será superior al tipo aplicado por las entidades financieras en operaciones activas a sus mejores clientes, por el volumen de las operaciones y las condiciones en que se desarrolla su actividad.

En consecuencia, dice la sentencia, que el tipo de interés legal del dinero no responde a la exigencia valorativa del artículo 16.3 de la LIS de  1978, mientras que el promedio anual del tipo de interés preferencial que las entidades financieras aplican a sus mejores clientes refleja el tipo que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes.

 Opinión

 De la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo, se extrae como conclusión que existe cierta dificultad de los aspectos técnicos y económicos que son inherentes a la valoración de las operaciones vinculadas, quedando esto patente en las argumentaciones tanto de la recurrente como de las instancias judiciales. 

Atendiendo a la Sentencia, parece claro que los Tribunales y la Administración tributaria no van a optar por un criterio de valoración “de referencia” como puede ser el tipo de interes legal del dinero, sino que la valoración de las operaciones vinculadas obedecerá a criterios de mercado establecidos entre partes independientes.

En este sentido,  consideramos imprescindible acudir a las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia para cumplir con el principio de plena competencia, pues en el análisis de comparabilidad se deben analizar las funciones y riesgos asumidos en cada transacción para alcanzar la valoración adecuada, y, por tanto, debemos alejarnos de “referencias o valores fijos” determinados por agentes externos al mercado.

El contenido de este documento tiene como única finalidad informar de forma abreviada sobre temas tributarios y/o contables.  Por la necesidad de simplificar y sintetizar los textos legales a que se refiere,  nunca debe ser utilizado en sustitución de los mismos, y, por tanto, nuestra firma no se hace responsable de la utilización de estas opiniones en cada caso particular.

 

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